Galeristas y marchantes, el sector más descontento con el cambio
Este jueves, la Comisión de Cultura dará curso a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para artistas plásticos, adaptándose de este modo a las disposiciones de la Directiva Europea que tendrían que haberse incorporado a nuestra legislación en el año 2006.
Hasta ahora, los artistas debían cobrar derechos de propiedad intelectual a partir de la segunda trasmisión de sus obras; siempre y cuando el valor de la venta superara los 1.800 euros. La ley fijaba una retribución del 3% del precio que, en la mayoría de los casos, sólo algunas casas de subastas practicaban. La reforma pretende terminar con esa situación y conseguir que tanto estas casas de subastas, como las galerías de arte, marchantes, intermediarios o habituales comerciantes del mercado del arte paguen los derechos de autor en todas sus transacciones. El nuevo texto sólo deja fuera las ventas entre particulares y fija un porcentaje variable -calculado en tramos- para todas aquellas ventas que superen los 1.200 euros. La noticia, muy bien acogida en líneas generales por todo el gremio artístico, no ha sido sin embargo plato de buen gusto para galeristas y marchantes; quienes se quejan de que se les iguale a las casas de subastas, cuyo afán es puramente mercantil, cuando su trabajo de basa en la promoción y en la estrecha colaboración con los creadores. Otro de los aspectos más peliagudos de la reforma es que el impuesto sólo se aplique en las reventas, una cuestión que podría provocar que los galeristas dejaran de invertir en la obra de los creadores no consagrados a los que promocionan, por temor a perder dinero en una venta posterior a causa del pago de los derechos de autor.
Marta Gómez
Sin título, 2006