La marquesa de Santa Cruz: cuarenta años de un periplo

El retrato de Joaquina Téllez Girón, reclinada con una lira, por Francisco de Goya es una de las obras más buscadas del aragonés en el Museo del Prado. Parece que siempre estuvo allí, pero sólo forma parte de sus colecciones desde 1986 y su historia previa no fue precisamente plácida, y pudo serlo menos.

En marzo de 1983, su entonces propietaria, María Mercedes Fernández Valdés, vendió la pieza a Pedro Antonio Saorín Bosch por veinticinco millones de pesetas, con una cláusula expresa que indicaba que no debía salir de España. Sin embargo, Saorín sí la sacó clandestinamente del país para llevarla a Zúrich, donde la adquirió el empresario Lord Wimborne.

El Ministerio de Cultura español tuvo noticias de lo sucedido tres meses después, cuando supo que el cuadro se encontraba en Los Ángeles y que se había ofrecido al Getty Museum por doce millones de dólares. El museo decidió no comprarlo ante la ilegalidad de la exportación; fue entonces cuando la obra retornó a Europa y permaneció un tiempo oculta en un laberinto de empresas radicadas en paraísos fiscales como Liberia y las Islas Vírgenes Británicas, todas pertenecientes al propio Lord Wimborne.

Rodrigo Uría inició de forma altruista negociaciones para la compra de La marquesa y su regreso a España, que no tuvieron éxito, y se anunció que el lienzo iba a ser subastado en Christie’s Londres en abril de 1986; entonces, el Estado español decidió pasar a la ofensiva legal.

Con el apoyo del abogado inglés Sir Matthew Farrer, se presentó una acción declarativa ante la High Court para demostrar que los permisos de exportación ofrecidos por los poseedores eran falsos. Basándose en un precedente judicial decimonónico, el juez Sir Nicolas Browne Wilkinson reconoció que España tenía derecho a evitar el daño económico causado por el uso de documentos oficiales falsificados.

La subasta no quedó frenada automáticamente, pero ese fallo debilitó la posición de los vendedores e incrementó la presión política en el Reino Unido. Así, Lord Wimborne aceptó negociar y, en abril de ese año 1986, sólo dos días antes de la fecha prevista para la subasta, se firmó el contrato de compra por seis millones de dólares (novecientos millones de pesetas de entonces, recabados de instituciones públicas y privadas). La marquesa volvió a Madrid, donde se expuso primero, temporalmente, en el Palacio de Villahermosa, siendo visitada por más de treinta mil personas. El Prado fue, como sabemos, su destino último.

La acogida de la prensa española conjugó la alegría por la victoria diplomática y la controversia por la cantidad desembolsada en concepto de indemnización a Wimborne, que había incurrido en la exportación ilegal; en todo caso, la operación quedó señalada como acontecimiento histórico para el patrimonio nacional. Se había evitado que una obra relevante de Goya acabara en manos de coleccionistas privados o museos extranjeros.

Para evitar que se repitiera una situación parecida, el Gobierno la declaró Bien de Interés Cultural e inexportable a través de un Real Decreto aprobado al poco de su aterrizaje en España. El caso puso negro sobre blanco las carencias de la antigua ley de 1933 y la necesidad de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, que determina, ya con claridad, que los bienes exportados sin autorización pertenecen al Estado y son inalienables.

Cuatro décadas antes, La marquesa de Santa Cruz ya había podido salir de España. En 1941, Franco tuvo intención de regalar esta pintura a Hitler, según recoge una carta del 26 de mayo de ese año del Marqués de Lozoya, entonces director general de Bellas Artes, al director del Museo del Prado, Fernando Álvarez de Sotomayor.

Himmler había visitado Madrid un año antes, mientras se preparaba la cumbre de Hendaya; el jefe de las SS recorrió las salas del Prado interesándose, sobre todo, por las obras de autores germanos como Durero y por el legado de los Austrias. También por el retrato de la marquesa, depositado aquí hasta enero de 1944, fecha en la que el Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional la devolvió a sus propietarios. El interés alemán en este retrato se justificaba en la lira que sujeta la marquesa, donde se aprecia un adorno que asociaron a una cruz gamada, aunque realmente se trata de un lauburu vasco.

El devenir de la Segunda Guerra Mundial y las gestiones de Eisenhower en el norte de África terminarían por frustrar esa idea, pero antes de que se aparcara, y para contentar a la propietaria legítima, la Infanta Luisa, el régimen de Franco ordenó realizar una copia del original que se iba a expropiar.

Una carta aparecida recientemente en el Rastro contenía la cifra que se abonó por el original y el número de copias. Atendiendo a ese documento, fechado el 20 de octubre de 1942, Franco abonó 1,5 millones de pesetas por el retrato, dejando a deber 9.000 correspondientes a tres copias que el Marqués de Lozoya había encargado un año antes al pintor Núñez Losada, bajo la intermediación del subdirector del Museo del Prado, Sánchez Cantón.

Hay que tener en cuenta que estas copias no pueden confundirse con otra versión más o menos coetánea al retrato original, que perteneció a la Colección Wellington y fue adquirida en 1958 por el LACMA de Los Ángeles, que la descatalogó en 1977, antes de ser localizada en 2014 entre los bienes incautados a Imelda Marcos por Filipinas.

Coincidiendo con el 40º aniversario de la recuperación del retrato de La marquesa de Santa Cruz, el Prado ha realizado una instalación especial en la sala 38 del Edificio Villanueva. Reúne la composición original y una de las copias mencionadas, adquirida y restaurada por José de la Mano.