El Consejo de Ministros aprobó el 25 de julio el proyecto de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España, que reconoce el papel esencial de esta institución en la preservación y difusión de la cultura española, y le dota de unos instrumentos que permitirán hacer más ágil su gestión para adaptarse a los retos del siglo XXI. El objetivo es reforzar su liderazgo como primera institución bibliotecaria del Estado y centro de referencia internacional de acceso a la información y al conocimiento en español.
Se devuelve a la BNE el estatus de Dirección General, que había mantenido hasta mayo de 2010, y se mantiene su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El proyecto normativo recoge cambios en relación a la normativa vigente sobre los órganos de gobierno, destacando entre estos que el Real Patronato, hasta ahora órgano consultivo sin funciones rectoras, pasa a ser un órgano rector colegiado con una implicación directa en el establecimiento de las directrices y actuaciones de la BNE, y velará por su cumplimiento. Además, incorpora la función de realizar una labor activa en la captación de recursos propios y de patrocinio.
El proyecto de Ley establece que, una vez promulgado el texto como Ley, en el plazo de un año se apruebe un Estatuto que regule la gestión interna y la estructura orgánica y funcional de la BNE.
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